El Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler reforma la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda, a través de distintas modificaciones de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, entre las que destaca la extensión de los plazos de la prórroga obligatoria y la prórroga tácita de los contratos de arrendamiento de vivienda, introduce modificaciones en el régimen de propiedad horizontal con objeto de impulsar la realización de obras de mejora de la accesibilidad e incorpora una modificación del procedimiento de desahucio de vivienda cuando afecte a hogares vulnerables.

Con esta norma se adapta el ordenamiento jurídico español al  Reglamento general  de protección de datos (RGPD) y se completan sus disposiciones. Además, la Ley reconoce y garantiza un nuevo conjunto de derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución.

Se mofdifica la LOREG para adaptarla a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Quedan sin efecto las limitaciones en el ejercicio del derecho de sufragio establecidas por resolución judicial fundamentadas jurídicamente en el apartado 3.1. b) y c) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, ahora suprimidas. Las personas a las que se les hubiere limitado o anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad quedan reintegradas plenamente en el mismo por ministerio de la ley.

El objeto de este real decreto-ley es la regulación de los servicios de pago que se presten con carácter profesional en territorio español, incluyendo la forma de prestación de dichos servicios, el régimen jurídico de las entidades de pago, el régimen de transparencia e información aplicable a los servicios de pago, así como los derechos y obligaciones respectivas tanto de los usuarios de los servicios de pago como de los proveedores de los mismos.

El anexo que se modifica actualiza los módulos y bases de compensación económica para las actuaciones de los abogados de turno de oficio de las Comunidades Autónomas que no tienen transferidas las competencias en materia de justicia, y para aquellas que se realizan ante los Órganos Centrales de la Administración de Justicia, incrementándose por primera vez después de quince años de vigencia.

El RDLey es consecuencia del debate judicial sobre quien debe pagar el impuesto de actos juridicos documentados en el supuesto de préstamos hipotecarios. El Gobierno zanja la cuestión con la inclusión de un párrafo en el artículo 29 de la Ley sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que establece que "cuando se trate de escrituras de préstamos con garantía hipotecaria se considerará sujeto pasivo al prestamista". Además incorpora en el impuesto de sociedades este supuesto entre los gastos no deducibles, si bien los bancos no tendrán que abonar el impuesto en caso de que el prestatario sea una de las entidades previstas en la ley: el Estado, la Iglesia o los partidos políticos, entre otras.

El Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre, establece el carácter colaborativo de las actuaciones de indicación, uso y autorización de dispensación por los enfermeros respecto de determinados medicamentos sujetos a prescripción médica, y modifica los requisitos exigidos a aquellos profesionales para obtener la acreditación correspondiente, de modo que además de la titulación necesaria se exigirá una experiencia profesional mínima de un año o, en su defecto, la superación de cursos de adaptación.

Se considera imprescindible que en un mismo reglamento se integren todas las disposiciones que incidan en la organización y gestión de la actuación de los órganos judiciales españoles en materia de cooperación jurisdiccional internacional, así como todas aquellas que perfilen el papel que debe desempeñar en este cometido el Servicio de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial.